El Instituto Autárquico provincial de Obra Social, IAPOS, de los empleados públicos de la provincia viene retirando la cobertura de medicamentos en el último tiempo, lo hace por menores porcentajes e incluso directamente omite prestaciones a las que está obligado por leyes nacionales.
Uno de los ejemplos más claros es con los diabéticos, en el último tiempo dejó de brindarles gratuitamente las tiras reactivas con la que miden diariamente la glucosa, que tienen en el mercado un valor que ronda los $10.000 pesos x 50 unidades. Mejor dicho solo lo hace con aquellos que padecen diabetes tipo 1 y no aquellos que tienen diabetes tipo 2.
Esto sucede en franca contradicción con lo dispuesto por la ley nacional 26.914, que dispone que las obras sociales "garantizarán la producción, distribución y dispensación de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol a todos los pacientes con diabetes", sin discriminar de que tipo.
Artículo 5°- La Autoridad de Aplicación de la presente ley establecerá Normas de Provisión de Medicamentos e Insumos, las que deberán ser revisadas y actualizadas como mínimo cada 2 (dos) años, a fin de poder incluir en la cobertura los avances farmacológicos y tecnológicos, que resulten de aplicación en la terapia de la diabetes y promuevan una mejora en la calidad de vida de los pacientes diabéticos.
La cobertura de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol de los pacientes con diabetes, será del 100% (cien por ciento) y en las cantidades necesarias según prescripción médica. Para acceder a lo establecido en el párrafo anterior, sólo será necesaria la acreditación, mediante certificación médica de una institución sanitaria pública, de la condición de paciente diabético.
Sin embargo, a pesar de lo dispuesto por la ley, el IAPOS exige a los médicos que realicen una ficha cada seis meses, adjuntando historial del paciente y análisis clínicos, siendo que la diabetes es una enfermedad crónica, que podrá mejorar o empeorar en sus valores, pero de la que el paciente nunca se curará.
Lo mismo sucede con la obesidad, regulada por ley nacional Nº 5857. La obesidad no es solo un problema estético. Es un problema médico que aumenta el riesgo de enfermedades y problemas de salud, como enfermedades cardíacas, diabetes, presión arterial alta y determinados tipos de cáncer.
El Congreso de la Nación aprobó la ley de obesidad por unanimidad y mediante ella se reconocen como enfermedades los trastornos alimentarios. La Nación obliga a las empresas de medicina prepaga y a las obras sociales a costear el tratamiento del sobrepeso, la bulimia y la anorexia.
La normativa dispone que la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la obesidad, la bulimia y la anorexia serán cubiertos por los planes médicos de obras sociales y firmas de medicina prepagas, según la ley sancionada ayer por unanimidad en el Senado. La norma ya despierta críticas de las empresas privadas de medicina que cuestionan los mayores costos que implicarán estos tratamientos.
En el último tiempo, los médicos han encontrado en un nuevo fármaco la posibilidad cierta de lograr importantes avances en el combate de la enfermedad mediante la provisión de Liraglutida, un fármaco inyectable con el que pacientes han bajado entre 5 y 10 kilos en algunos meses, permitiéndoles mejorar notablemente su calidad de vida, y reducir considerablemente su riesgo cardiovascular.
La Liraglutida (Victoza) se usa con un programa de dieta y ejercicio para controlar los niveles de azúcar en la sangre en adultos y niños mayores de 10 años de edad y mayores con diabetes tipo 2 (afección en la que el cuerpo no usa la insulina de modo normal y, por lo tanto, no puede controlar los niveles de azúcar.
