La Argentina deberá pagar la sentencia más dura posible por la estatización de YPF llevada adelante durante el último mandato de Cristina Kirchner por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, luego de una fallo de la jueza Loretta Preska que obligaría al país a cancelar al fondo Burford una cifra cercana a los US$16.000 millones.
El Gobierno apelará la decisión, anticipó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti.
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Preska emitió una orden en la cual avaló los argumentos presentados por Burfordy y rechazó todos los pedidos presentados por los abogados de la Argentina, una decisión durísima contra el país que el Gobierno apelará para intentar morigerar.
