En vinculación con la «ley ómnibus», Comercio utilizó como argumento la necesidad de avanzar en una «profundización de la libertad de mercados, impulsando la interacción espontánea de la oferta y de la demanda como modo de ordenamiento y reactivación de la economía, facilitando el funcionamiento de los mercados y el comercio interno y externo, promoviendo la desregulación de los mercados y la simplificación regulatoria”.
En ese sentido, argumentó que se advirtió la existencia de resoluciones y disposiciones vinculadas con regímenes de control de precios, abastecimiento y/o de requerimientos de información o de cumplimento de distintas obligaciones que apartaron a la Secretaría de Comercio de las misiones y funciones «genuinas» que le han sido asignadas que es velar por la transparencia y la libre competencia, la prevención y/o represión de conductas ilícitas, entre otras.
«Resulta indispensable alinear las políticas de regulación del mercado interno en el sentido antes expuesto, procediendo a una verdadera desburocratización y simplificación de los procesos productivos en relación con el consumidor, así como a la eliminación de todas las trabas y obstáculos al comercio que solo han generado incrementos en los costos de transacción para los proveedores y el consecuente encarecimiento de los precios de los bienes y servicios para los consumidores», explicó.
