El ex presidente Alberto Fernández se intentó desligar del escándalo del seguro tras ser denunciado por presunta malversación de fondos públicos, entre otros delitos, a raíz de la supuesta contratación de un "broker y empresas privadas" para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales.
Se lo acusa, entre otros delitos, de malversación de fondos públicos, violación de deberes de funcionario y abuso de poder debido a los contratos de gestoría dados de alta durante su presidencia a favor de su amigo, Héctor Martínez Sosa, esposo de la histórica secretaria privada del expresidente, María Cantero.
Diversas fuentes afirman haber recibido llamadas de Cantero, quien ha sido colaborador de Alberto Fernández durante 30 años, solicitando en distintas entidades gubernamentales la designación de Martínez Sosa como proveedor de seguros.
El decreto de Fernández establecía que los contratos deben realizarse mediante convenio interadministrativo para la administración central, mientras que otras entidades como empresas públicas y entes fiduciarios deben seguir los procedimientos de sus respectivos regímenes de contratación. Se prohíbe explícitamente la subcontratación de las pólizas, aunque no se menciona expresamente la exclusión de gestores.
