Según el edil, el problema radica en la falta de un registro oficial de instaladores, lo que conlleva un vacío regulatorio que pone en riesgo la seguridad y la integridad de los ciudadanos. Su propuesta busca establecer una normativa clara que garantice que la instalación de cercos eléctricos se realice exclusivamente a través de fabricantes e instaladores autorizados por el municipio.
Señala que esta iniciativa no pretende imponer tasas adicionales ni generar cargas financieras para los residentes. Más bien, busca proporcionar un marco legal que asegure que los cercos eléctricos sean instalados por profesionales calificados, con la finalidad de salvaguardar la seguridad de la comunidad sin generar costos adicionales o encarecer el proceso.
Al respecto opinó que un aspecto relevante que ha marcado un cambio en el enfoque de este debate es la disposición de algunos bloques políticos que, en el pasado, se oponían firmemente o abogaban por la prohibición de los cercos eléctricos.
Sin embargo, ahora han propuesto, y el concejal Cardozo ha aceptado, la idea de esperar una opinión oficial por parte del municipio sobre este tema.
Esta nueva postura ha llevado a que el proyecto de ordenanza sea remitido desde la Comisión de Planeamiento al Departamento Ejecutivo para su evaluación.
Se espera que las comisiones pertinentes revisen detenidamente el proyecto y que, a partir de esta revisión, se pueda avanzar en la elaboración de una normativa específica para la regulación de cercos eléctricos en la ciudad de Rosario.
Cardozo enfatiza que esta propuesta es solo el primer paso hacia una regulación más amplia de los cercos en la ciudad. Se vislumbra la posibilidad de que esta normativa específica se convierta en parte integral de una regulación general sobre cercos para Rosario, lo que refleja un compromiso continuo con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
