Se espera que otros pacientes oncológicos y con enfermedades graves que vieron interrumpidos sus tratamientos se sumen a la causa, radicada en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2.
El denunciante, vecino del distrito bonaerense de San Martín, fue diagnosticado a principios del año pasado. Tiene un trabajo informal, sin ingresos suficientes para costear su tratamiento.
Lo recibía desde la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que dependía de Capital Humano pero tras un cierre provisorio a principios de año pasó al área de Salud. A esta dependencia llegan los casos de medicamentos caros o de difícil acceso para pacientes vulnerables que hayan agotado las instancias previas para obtener su medicación a nivel local.
“Si no recibe los medicamentos, su cuadro se puede agravar irremediablemente. La denuncia inicialmente es contra Russo, pero también se pide que se investigue a otros funcionarios que puedan resultar responsables. Y tenemos preparado el pedido de ampliación para que además de los pacientes de la DADSE se investigue sobre quienes dejaron de recibir su tratamiento desde Incluir Salud. Son unas 300 personas”, explicó el abogado Adrián Arena, representante del paciente que inició la causa.
El letrado añadió que se solicitó que se investigue además la muerte de dos personas que sufrían cáncer y se habrían visto afectadas por la interrupción de medicación por parte del Estado (en relación a Aldo Javier Pinto, de Salta, y Camila Giménez, de Córdoba). “En ese caso se habría cometido el delito de abandono de persona seguido de muerte”.
