Según afirmó, el fiscal de Estado, que no apeló la decisión de abonar los juicios defendiendo los intereses de la provincia, era el defensor de las víctimas y por ende le corresponde millonarios honorarios.
Cabe destacar que al estar en ambos lados del mostrador intentó que su esposa asuma la defensa de las víctimas pero fue imposible y terminó poniendo a su socio en su estudio jurídico, cuando en realidad, según afirmó hubiera correspondido que renunciara a la defensa de los damnificados o se abstuviera de asumir su cargo.
La revelación de Granata estalló en el gobierno provincial y, fundamentalmente, del gobernador Maximiliano Pullaro que por el momento no se refirió al tema, espinoso por cierto.
La legisladora afirma que Domingo Rondina va a cobrar una millonaria suma de dinero por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe sobre las inundaciones de 2003.
La denuncia se refiere al pago de honorarios al socio del constitucionalista por el patrocinio legal de las víctimas que aún no cobraron indemnizaciones.
Según la diputada, el abogado intentó esquivar la incompatibilidad con su cargo y propuso el nombramiento de su esposa María Alejandra Bachmann para que lo sustituyera como representante de las familias demandantes. Si bien este pedido no prosperó, la legisladora cree que el fiscal de Estado recibirá dinero de todos modos a partir del cierre de la causa civil.
