El Gobierno nacional cerró la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños durante la última dictadura militar, que formaba parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), por considerar sus objetivos ponían en riesgo la división de poderes que establece la Constitución Nacional.
La medida se hizo oficial a través del decreto 727/2024, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. La norma deroga el decreto 715 del 9 de junio de 2004, mediante el cual se creaba la unidad especial.
Este organismo se dedicaba a asistir a todos los requerimientos de la CONADI, como a las “peticiones judiciales o provenientes de fiscales, que se formulen en las causas instruidas en ocasión de los hechos citados en el artículo precedente, como así también en las investigaciones conexas desprendidas de los expedientes principales, o que de cualquier manera se vinculen con ello.
A su vez, podía “también efectuar investigaciones por iniciativa propia, debiendo comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal (MPF)”.
La norma derogada le otorgaba al organismo la autoridad para “acceder en forma directa a todos los archivos de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo nacional incluidos los de la Presidencia de la Nación, de la Jefatura de Gabinete de ministros, sus organismos dependientes, Fuerzas Armadas y de Seguridad y los organismos registrales”; y “requerir directamente a dichos organismos informaciones, testimonios y documentos sobre la materia de este decreto obrantes en sus archivos, los que deberán cumplimentarse en el término que se fije en el requerimiento”.
Contaba con la facultad de investigar por iniciativa propia para la individualización de los responsables de posibles hechos criminales durante la última dictadura militar, por lo que contaba con acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades que corresponden al Poder Judicial de la Nación y de los fiscales del MPF.
