El reciente decreto firmado por Javier Milei, que redefine y restringe los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275), marca un preocupante giro hacia la opacidad gubernamental en Argentina.
Este decreto, publicado el 2 de septiembre de 2024 en el Boletín Oficial, impone límites drásticos a lo que el gobierno de Milei considera información pública, permitiendo que la administración decida arbitrariamente qué datos serán accesibles a la ciudadanía y cuáles quedarán ocultos bajo un manto de secretismo.
La Ley de Acceso a la Información Pública, sancionada en 2016, fue un logro crucial para la transparencia en la gestión pública y el control ciudadano sobre los asuntos de gobierno.
Esta ley, basada en estándares internacionales y consagrada en la Constitución Nacional, estableció que la información estatal es, por defecto, pública, y solo en casos excepcionales puede ser mantenida en secreto.
Sin embargo, el nuevo decreto de Milei debilita esta presunción de publicidad y crea un marco legal donde el secreto puede prevalecer sobre el derecho a la información.
Uno de los aspectos más controvertidos del decreto es la redefinición de lo que constituye "información pública". Milei y su equipo han decidido que no se considerarán públicos aquellos datos que contengan información de "naturaleza privada", lo cual incluye, por ejemplo, los eventos ocurridos en la residencia presidencial de Olivos.
Esta disposición permite que reuniones privadas del presidente, visitas íntimas y otros aspectos de la vida personal de Milei sean excluidos del escrutinio público, bajo el argumento de que no están relacionados con la gestión de gobierno.
Además, el decreto establece que "las deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares" tampoco serán considerados documentos públicos.
Esta medida implica que los borradores, las notas personales y cualquier documento que no sea una versión final de una decisión gubernamental quedarán fuera del alcance de los ciudadanos y la prensa.
La exclusión de estos documentos no solo limita el acceso a información crucial para entender el proceso de toma de decisiones en el gobierno, sino que también impide el seguimiento de posibles irregularidades en la gestación de políticas públicas.
