Esta medida se oficializa en medio de la disputa del Gobierno con los gremios aeronáuticos que mantienen las medidas de fuerza en medio de una negociación paritaria no resuelta.
La resolución representa un cambio significativo en las prácticas de gestión administrativa del Estado argentino, que tradicionalmente contrataba servicios a través de la plataforma OPTAR S.A.
Hasta ahora, el decreto 1191/2012 exigía que las entidades del Sector Público Nacional adquirieran pasajes aéreos exclusivamente a través de Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y su operador mayorista, OPTAR S.A., salvo en situaciones excepcionales donde estas no podían proveer el servicio requerido. Esta normativa tenía como objetivo priorizar empresas donde el Estado poseía participación accionaria.
