En un inicio, el Correo Argentino formó parte de la primera lista de empresas estatales que la gestión de Milei presentó en la Ley Bases para privatizar. Sin embargo, fue excluida de la última norma sancionada, junto con Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina.
El Correo Argentino cuenta con el Estado Nacional como único accionista y se compone una red de 1400 sucursales y postales. Tuvo un déficit de $71.322 millones en 2023 y Nación le envió más de $90.000 millones en 2024 para avanzar con el plan de retiros voluntarios.
Se trata de una medida conjunta, entre el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Busca “fomentar la competencia entre las empresas y facilitar a los usuarios el envío de telegramas, cartas documento y encomiendas”, según el comunicado oficial de la cartera.
Según el Ministerio que dirige Federico Sturzenegger, la idea es eliminar las “decisiones burocráticas que restringen la oferta de bienes y servicios”.
