El organismo subrayó «prácticas propias de gobiernos autoritarios» en los doce meses de gestión libertaria, que se ven graficadas en 1.155 personas heridas, de las cuales 33 tienen impactos de balas de goma en la cabeza.
«En al menos 15 manifestaciones relevadas, la respuesta estatal se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza, incluso contra niños y niñas que fueron afectados por la violencia represiva. Las cifras: 1.155 personas heridas, muchas de ellas con lesiones graves», indicó Amnistía al presentar en redes sociales su informe denominado «Disenso en riesgo».
Según el organismo internacional, la aplicación del protocolo anti-piquetes por parte del Gobierno nacional «dio vía libre a las autoridades policiales para desplegar un uso abusivo y arbitrario de la fuerza, poniendo en peligro la seguridad, la vida y la integridad física de las personas que ejercen su derecho a la protesta pacífica».
«33 personas con impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, con daños severos en la visión. 50 periodistas y trabajadores de prensa heridos mientras cubrían las manifestaciones. 73 personas criminalizadas por participar en las protestas», se detalla en el informe.
Para el organismo, «el uso de la fuerza es la primera y única respuesta del Estado a las demandas sociales expresadas en las calles» y calificó como «desproporcionada» la utilización de las armas menos letales como gases lacrimógenos y balas de goma.