El conflicto entre el Gobierno Nacional y las universidades, particularmente la UBA, por los controles presupuestarios llegó a la Justicia. Sin embargo, esto no frenó la intención oficial de velar por los fondos públicos para que sean utilizados de manera transparente.
Con este propósito de “garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos mediante normas y sistemas unificados”, el ministerio de Capital Humano junto con el Ministerio de Desregulación emitió cuatro DNU.
Las nuevas disposiciones buscan modificar la normativa sobre compras, contrataciones y transparencia en el presupuesto en universidades públicas.
Además, se elimina la posibilidad de hacer contrataciones directas con Universidades o con personas físicas o jurídicas que se hallaren inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social
La iniciativa es la obligación del uso de diferentes sistemas de administración pública nacional: COMPR.AR, CONTRAT.AR y e- SIDIF.
