La ministra de Seguridad profundiza la cruzada contra los hinchas que se solidarizaron con el reclamo de las y los jubilados, en la previa de una nueva marcha. Patricia Bullrich, anunció este luenes que ya ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley Antibarras, que "tipifica el delito en un tipo de asociación ilícita especial, como una organización criminal".
En una conferencia de prensa desde la Casa Rosada, la funcionaria intentó justificar la represión contra la movilización del miércoles 12 de marzo, que dejó a cientos de personas heridas, expresando que de la convocatoria participaron las barras bravas. La iniciativa busca restringir la entrada a los partidos a las personas que "atentan contra el orden público".
La "ley de violencia en los espectáculos públicos", aclaró la ministra, "es una ley que tiene muchos años y había definido los hechos de violencia en ocasión de espectáculos deportivos impidiendo el ingreso de las personas que atentan contra el orden público".
Esta nueva iniciativa parlamentaria, indicó, "amplía esa ley y no solamente nos referimos a los delitos que se puedan cometer en relación a los espectáculos deportivos, sino a todos negociados que rodean la actividad de estas barra bravas".
Acompañada del director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlín, la minsitra explicó que el proyecto busca tipificar a las barras como un tipo especial de asociación ilícita y, por ende, ser tratadas como organizaciones criminales.
"Castigamos todos aquellos mecanismos que lo que hacen es generar un tipo de financiamiento que en muchos casos está avalado por las conducciones de los clubes", aseguró. También afirmó que "se castiga a los dirigentes de los clubes que facilitan entradas a los barras, que les alquilan micros, que permiten estas acciones violentas o que facilitan la entrada de elementos contundentes o armas a las canchas".
Bullrich prometió que a través del proyecto de ley Antibarras "los que generan hechos de violencia no van a poder ingresar a los estadios" de fútbol. "Prohibir la entrada a la cancha implica desarmar la lógica de los negociados que se generan muchas veces entre conducciones de clubes y barras", señaló.