El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia contra la jueza Karina Andrade, quien decidió liberar a 114 personas detenidas durante la marcha de jubilados, argumentando que no había delitos en su contra y que se estaba violando la Constitución.
Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, formalizó la denuncia contra la jueza, que se desempeña en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La acusación incluye los delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
La denuncia fue presentada en el fuero federal y Bullrich afirmó que la acción se debía "a las graves irregularidades cometidas por la magistrada en relación con la liberación de detenidos tras los disturbios ocurridos durante la marcha del 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso de la Nación".
