Según consideró el dirigente político, la Justicia aceptó como querellantes a los tres damnificados porque el fiscal de la causa, Eduardo Taiano, «estaba recontra cagado» a raíz del avance de la investigación en Estados Unidos y por la sospechas crecientes a raíz de la pertenencia del hijo del fiscal a la jefatura de Gabinete (como titular de la unidad de Bienes Decomisados).
«Hay olor a tongo entre el fiscal y el Gobierno estafador. Hay un acuerdo que se puede justificar por la presencia de un familiar directo, lo cual es un causal por el cual un fiscal se debería excusar de participar de una causa», argumentó.
Grabois cuestionó a la Justicia por demorar quince días en secuestrar los teléfonos celulares de las personas involucradas en la «criptoestafa», y reveló que junto a su equipo letrado van a publicar «todo lo que no sea reservado» del expediente.
«Vamos a pedir una medida de prueba obvia, la imputación de Karina Milei», anunció el líder social y político cercano al Papa Francisco.
Sobre la hermana del presidente, dijo que «varias personas con nombre y apellido la señalan como la valijera y no está imputada en la causa por decisión del fiscal Taiano».
El fundador de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) señaló que «hay tres delitos que se investigan conjuntamente» que son la «estafa«, «negociaciones incompatibles con la función pública» y «tráfico de influencias«.
En cuanto a la «estafa propiamente dicha», Grabois señaló que es «el mismo delito por el que hay influencers procesados» por la Justicia.
«Milei promovió algo que no es un negocio porque es un activo que se desploma 520 millones de veces su valor. No es un negocio, es una estafa. Es como vender un jarrón roto», comparó.
