El juez Martín Cormick consideró que los hechos que surgen del accionar de las fuerzas de seguridad “no aparecen adecuados a los principios republicanos que consagra la Constitución Nacional”, razón por la cual estableció el monitoreo de la marcha de este miércoles.
Cabe señalar que el juez en lo Contencioso Administrativo había dispuesto rechazar una medida cautelar solicitada por el CELS en el marco de una acción de amparo colectiva que buscaba declarar la inconstitucionalidad de la resolución conocida como “Protocolo Antipiquetes” dispuesta por el Ministerio de Seguridad.
La medida pretendía suspender el protocolo y que se ordene al Ministerio de Seguridad que respete y garantice el derecho a la vida, la salud y la libertad de expresión de quienes participen de protestas, transiten por las zonas en donde se lleva a cabo una protesta o desempeñen su labor periodística para brindar cobertura a dichos eventos.
