La administración nacional justificó la decisión de suprimir las obras y trabajos de mantenimiento que venían ejecutando las contratistas privadas, en las “restricciones presupuestarias significativas” que tendrá que afrontar la repartición durante este año.
La orden impartida por Campoy puntualiza que resulta necesario “arbitrar los medios para proceder al cierre de los contratos de obra pública bajo cualquier sistema de gestión, ya sea que se encuentren en las rutas a privatizar, como así también aquellos que hayan sido celebrados para obras fuera de la Red Vial Concesionada".
"Ante la situación económica financiera actual, se hace necesaria la finalización y cierre de las obras en las cuales se torna inviable su ejecución”, sostiene.
