Por el contrario, tendrán que seguir trabajando bajo relación de dependencia -con lo que complejo que resulta conseguir empleo para los mayores de 50 años- o deberán acceder a una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), si es que cumplen con los requisitos.
La eliminación de la moratoria funcionaría como una reforma previsional de hecho, ya que en total son 150.000 mujeres y 93.000 varones, en edad de jubilación (60 y 65 años, respectivamente), es decir, un total de 243.000 personas que durante 2025 no podrán jubilarse.
Las opciones que se les ofrece frente a esta situación son: continuar trabajando con aportes o renunciar a éstos y cobrar una PUAM, siempre y cuando, cumplan con los requisitos de estar en los cánones que el Gobierno considera de pobreza, tanto a nivel socioeconómico como patrimonial.
Así y todo, la posibilidad de cobrar una pensión incluye una quita de derechos para todas aquellas personas que trabajaron durante toda su vida y esperan llegar a esta edad con mayor "tranquilidad".
El principal derecho que se le quita a los adultos mayores con una PUAM está asociado directamente con el haber. Esta pensión equivale al 80% de una jubilación mínima, que actualmente se ubica en $279.121,71, es decir, con este régimen cobrarían solo $223.297,37.
A este valor, se le adiciona el bono de $70.000 que está congelado hace exactamente un año y debería ser, atado al aumento previsional, un 113% más alto (esto da unos $148.815).