De esta forma, el Gobierno busca ejercer algún tipo de control adicional a los aumentos que puedan generarle un impacto indeseado en sus pronósticos económicos.
Cabe recordar que el Gobierno mantuvo una puja con las empresa de medicina privada en 2024 por el nivel de aumentos y pese a una serie de acciones y denuncias las cuotas se mantuvieron tal como lo dispusieron las empresas.
“La comunicación a la Superintendencia debe efectuarse dentro del mismo plazo previsto para la notificación a los afiliados. El cumplimiento de este procedimiento es considerado un requisito indispensable para que la comunicación posterior a los usuarios sea considerada válida”, precisa la resolución.
La normativa señala que esta medida busca fortalecer la capacidad de fiscalización del organismo y garantizar el acceso simultáneo a la información por parte de los usuarios y del Estado.
