El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, confirmó este lunes la intervención de la Unidad Regional II (URII) de la Policía, tras una investigación por malversación de caudales públicos que derivó en el desplazamiento del jefe Daniel Acosta.
La medida incluye una auditoría integral y la designación del director general retirado Claudio Romano como interventor por tres meses, con posibilidad de extensión.
La investigación, llevada adelante durante diez meses por la Oficina de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Subsecretaría de Control Policial, reveló una organización interna que lucraba con el desvío de fondos destinados a combustible para móviles policiales.
“No vamos a permitir que algunos vivos hagan negocios particulares con la seguridad”, afirmó Cococcioni, quien remarcó que “la inversión en seguridad va de la mano de controles estrictos”.
El fiscal regional Matías Merlo detalló que hasta ahora se realizaron 38 allanamientos, de los cuales la mitad sigue en curso, y que hay 17 personas detenidas, entre ellas 13 policías (muchos jerárquicos) y 4 civiles.
El fiscal José Luis Caterina, a cargo del caso, explicó que la malversación estimada ronda los 45 millones de pesos, y que fueron secuestradas unas 300 tarjetas Visa Flota, que debían estar en poder de los choferes policiales para cargar combustible.
El Gobierno provincial subrayó que “la posición es inamovible” frente a estos hechos de corrupción institucional y que seguirá avanzando para garantizar que cada peso destinado a seguridad pública cumpla su función.
