En el día de ayer, la protesta continuó bajo la consigna “S.O.S. Garrahan, salvemos el hospital”.
El conflicto, arrastrado desde 2023, se agravó por la falta de presupuesto, la caída del poder adquisitivo y un éxodo sostenido de profesionales, muchos de los cuales no son reemplazados. Mientras tanto, la demanda no cesa: solo en 2023 se atendieron 600.000 consultas, de las cuales 400.000 fueron de alta complejidad.
Además, el Garrahan trata al 40% de los niños con cáncer del país. A pesar de esta dura realidad, la presión sobre los trabajadores sigue en aumento.
Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnica (APyT) y nutricionista pediátrica del hospital, afirmó: “El ministro Lugones ve un negocio donde nosotros vemos un derecho. Tiene un plan claro de destruir lo público y dejar de garantizar la salud como derecho”.
En una entrevista periodística, la profesional denunció que el Garrahan “ya no puede garantizar atención médica con los recursos actuales”.
“Están trabajando 60 horas y cobran el equivalente a dos salarios mínimos. Es una situación límite”, denunció.
La precarización afecta especialmente a los residentes, columna vertebral del hospital.
“No pueden pagar un alquiler ni tener otro trabajo porque hacen guardias de 24 horas”, explicó Lezana. La combinación de bajos sueldos y sobrecarga expulsa profesionales y pone en riesgo la atención médica.
