La medida cautelar fue presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien representa en este caso a movimientos sociales. El amparo rechaza el cierre el programa dedicado a construír infraestructura para mejorar las condiciones habitacionales en barrios populares. Además, generaba puestos de trabajo destinados a personas de ingresos bajos.
El gobierno de La Libertad Avanza solo podrá disponer de los fondos del FISU para garantizar la continuidad de las obras y las políticas de integración urbana, y no para otros fines como pretendía.
Además, el juez determinó que el actual subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, debe presentar un plan de urbanización de barrios populares y continuidad de la política paralizada.
El fallo establece que por cada día de demora, el funcionario abonará una multa de $200.000. Pareja es uno de los integrantes de la mesa política de la administración libertaria, con un gran vínculo con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
