El gobierno libertario endureció los criterios que estaban vigentes hasta hoy en la Ley de Migraciones N°25.871 para la residencia de extranjeros; al tiempo que agilizó y facilitó los procesos de deportación para aquellos que cometan delitos en el país.
También estableció mayores controles en las fronteras y a la regularización de la situación de inmigrantes, entre otros cambios clave.
El Gobierno modificó el artículo 6 de dicha norma que ahora establece que "el Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario de los inmigrantes a las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales.
De acuerdo con los derechos y obligaciones correspondientes a cada categoría migratoria, en particular en lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.
