Según expresó el entrerriano en un comunicado, “la iniciativa busca ordenar y visibilizar una práctica que, aunque legítima en democracias modernas, en Argentina opera desde hace años en una zona gris”.
El proyecto prevé la creación de un Registro Nacional de Gestión de Intereses, de carácter público, digital y obligatorio, al cual “los gestores” -sean profesionales, representantes sectoriales o entidades de la sociedad civil- deberán inscribirse y declarar periódicamente sus actividades, reuniones y vínculos con funcionarios.
Por otra parte, la iniciativa del diputado opositor establece obligaciones para los funcionarios públicos, quienes deberán reportar sus encuentros con lobistas, incluso cuando estas interacciones se den por redes sociales.
“La influencia sobre decisiones del Estado no puede seguir ocurriendo en la opacidad. Necesitamos saber quién gestiona intereses, ante quién, con qué fines y con qué recursos”, explicó Agost Carreño.
