"En la República Argentina se está por consolidar un hecho de extrema gravedad institucional: el dictado de una sentencia judicial —otra vez anticipada en los medios— sostenida no en nombre de la ley, sino en función de una conveniencia política coyuntural".
"La causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner está plagada de irregularidades y atravesada por la temible lógica del lawfare: pruebas sin sustento, pericias ignoradas, tiempos procesales manipulados y vínculos inaceptables entre funcionarios judiciales y dirigentes políticos que buscan su proscripción".
"Y ahora, el apuro por "cerrar" una causa antes de que el pueblo tenga la posibilidad de elegir.
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Se trata de algo mucho más profundo: el principio republicano que garantiza que en democracia los liderazgos se consagran en las urnas, no en los tribunales".
"Como abogada y exjueza penal, no puedo callar ante un intento tan grosero de proscripción y ataque al Estado de Derecho.
Porque cuando la Justicia es usada como herramienta de disciplinamiento deja de ser un poder de la República para convertirse en manipulación jurídica al servicio del poder. Y cuando eso ocurre, no se vulnera solo el debido proceso, se fisura la arquitectura misma de la democracia que tanto nos costó conseguir".
"Todo esto sucede, además, en el marco de un modelo de país que abandona a su gente: una economía que destruye el salario, desmantela el Estado, empobrece la vida cotidiana y reprime la protesta social".
"Frente a ese modelo, que no es nuevo en nuestra historia, el peronismo sigue siendo una voz incómoda. Una tradición política que no se arrodilla, que cree en la justicia social y en la soberanía económica".
"Proscribir a su principal referente no es solo una injusticia: es un intento desesperado de acallar la soberanía popular. Y eso, ningún pueblo digno lo puede permitir".
"Podrán perseguir, inventar causas, dictar sentencias amañadas, pero no van a torcer la historia, ni van a quebrar la voluntad de un pueblo que sabe de luchas y no olvida".