El cuestionamiento fue presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se tramita el expediente por la nacionalización de la compañía de mayoría estatal. En el documento, difundido por el especialista y titular de Latam Advisor, Sebastián Maril, los demandantes apuntan con dureza contra la administración de Trump por interponer el recurso en favor de la posición argentina.
La presentación como "amicus curiae" por parte del gobierno de los EEUU fue calificada como "altamente inusual" y afirmaron que se debe a una "falta de familiaridad" con la causa que lleva adelante la jueza Loretta Preska.
Además, consideraron que no aporta "nada sustancial" y aseguraron que se basa "en premisas erróneas". "Lamentablemente, la urgencia y la falta de familiaridad del gobierno en este caso quedan en evidencia en su escrito", se quejaron.
En un escrito de diez páginas, los fondos también cuestionaron que la administración Trump no atendió sus pedidos de reunión en la que, según dicen, podrían "haberle explicado los errores de interpretación del caso", los cuales "derivan de su ausencia durante la mayor parte de las extensas y detalladas actuaciones ante el tribunal de primera instancia".
A su vez, plantearon que como "difícil del entender" como se alcanzan los objetivos políticos de la Casa Blanca "al alentar a países extranjeros a perjudicar a los inversores y desoír fallos de tribunales federales".
Además de criticar el recurso interpuesto por el gobierno de Trump, también se refirieron a los efectos que este ha tenido en la postura de la Argentina y en la prensa local.
"Los efectos negativos de la nueva postura del gobierno ya comienzan a manifestarse, ya que tanto la prensa argentina como funcionarios públicos han interpretado el escrito del gobierno norteamericano como una señal de que Argentina nunca tendrá que pagar la sentencia", señalaron.
La nueva presentación se da en la previa del descargo de los abogados argentinos que tendrá lugar este martes 22 de julio. En el documento judicial, los demandantes objetan que el respaldo legal del Departamento de Justicia estadounidense no corresponde en la actual instancia de suspensión momentánea del fallo, ya que explican que para que sea válido ahora debe contar con un aval previo del tribunal.
