Para la sorpresa de muchos, en su primera aparición, el gerente dijo que la sentencia fue a favor de YPF y desfavorable para la República Argentina.
Yo soy ejecutivo, empleado de YPF, y Burford hizo un juicio a YPF y al Estado Nacional. La jueza Preska falló a favor de YPF, falló en contra de la República. No puedo opinar», afirmó de manera limitada el viernes por la noche en el medio A24.
En torno a la preocupación por la manera en que el revés judicial podría impactar en el precio de la nafta, el presidente expresó: «El juicio no compromete nuestras operaciones ni impacta en el precio de la nafta porque depende del precio internacional del petróleo, del tipo de cambio, de los biocombustibles y de los impuestos. No tiene nada que ver con la sentencia».
Seguidamente, Marín destacó la implementación tecnológica actual con la que la empresa está trabajando y afirmó que hoy, «gracias a las nuevas herramientas pueden monitorear surtidor por surtidor». «El objetivo de esta actualización es aumentar el rendimiento y ajustar precios a la demanda, replicando patrones del mercado digital», así lo explicó el CEO.
Respecto a esta situación judicial, la Casa Rosada confirmó que apelará la sentencia de la jueza Preska y además, el Gobierno presentó un pedido formal de suspensión del fallo hasta que intervenga la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos.
De esta manera, el presidente Javier Milei advirtió: «Al margen de la imbecilidad de (Axel) Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales».
Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni, también se expresó al respecto a través de su cuenta de X: «El Gobierno solicitó la suspensión del fallo de la jueza Preska y trabaja en la apelación», comenzó escribiendo y continuó: «La sentencia que ordena entregar acciones de YPF es jurídicamente inaplicable: contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad soberana. Las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles».
