La medida se enmarca en un proceso más amplio de revisión y eliminación de estructuras,que ya alcanzó a otros 26 fondos similares.
Según los fundamentos del decreto, los fondos en cuestión registraban un "uso ineficiente de los recursos públicos, deficiencias en los mecanismos de control y una escasa o nula rendición de cuentas", bajo los informes realizados de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional había sido creado en 1997 con el fin de asistir a las provincias y al Estado Nacional en el financiamiento de obras de infraestructura económica y social. No obstante, tras casi tres décadas de funcionamiento, auditorías de la SIGEN revelaron falencias en la aplicación de los fondos y en la devolución de los préstamos otorgados, "lo que derivó en pérdidas millonarias para el Estado".
Frente a este diagnóstico, el Ejecutivo consideró que su continuidad no resultaba conveniente y resolvió su cierre, priorizando una aplicación más racional y eficiente de los recursos públicos. Solo se usó $70 millones de $26.000 millones disponibles.
