El revés expuso la pérdida de aliados del oficialismo. En la mayoría de las votaciones, el bloque libertario resistió casi en soledad, acompañado apenas por un puñado de senadores de Pro, la radical Carolina Losada y algunas abstenciones aisladas, como la del salteño Juan Carlos Pagotto, que en otras ocasiones supo auxiliar al Gobierno cuando se vio acorralado.
El golpe no solo apunta al plan de ajuste de Javier Milei, sino también al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cerebro de muchas de estas reformas. “Estamos en una democracia que explora lugares inéditos.
Sería la primera vez que se deroga un decreto delegado, lo que nos lleva a un territorio jurídico desconocido”, advirtió esta mañana en el Council de las Américas.
En el mismo foro, Milei calificó como un “espectáculo macabro” el accionar del Congreso.
La sesión seguirá con un temario explosivo para la Casa Rosada.
En la agenda figuran otros dos puntos centrales: la sanción de un presupuesto para las universidades, la declaración de la emergencia en salud pediátrica por dos años.
Todas estas iniciativas ya pasaron el filtro de Diputados, de modo que si el Senado les da luz verde se convertirán en ley.
El decreto 462/25, que dispuso una profunda reestructuración del INTA y el INTI. Entre sus cambios más sensibles, eliminó el Consejo Directivo del INTA, lo reemplazó por un Consejo Técnico y estableció que el organismo sea conducido por un funcionario con rango de secretario designado directamente por el Poder Ejecutivo. Se rechazó por 60 votos, 9 a favor y dos abstenciones.
En la misma línea, el decreto 345/25 dispuso la reestructuración de organismos culturales: convirtió en “unidades organizativas” de la Secretaría de Cultura a los institutos nacionales del Teatro y de la Música, al tiempo que absorbió a los institutos Eva Perón, Sanmartiniano, Yrigoyeneano y Juan Manuel de Rosas.
También disolvió los directorios de la Conabip y de la Comisión Nacional de Monumentos. Se rechazó por 57 votos, 13 a favor y una abstención.
El decreto 351/25, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, quitó la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y lo trasladó a la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, bajo la Jefatura de Gabinete.
Además, modificó su esquema de conducción: quedará a cargo de un director general técnico designado por el Ejecutivo, con requisitos de formación en genética forense y un mandato de cuatro años. Se rechazó por 58 votos, 12 a favor y una abstención.
El decreto de necesidad y urgencia 340/25 estableció un régimen de excepción para la marina mercante nacional. Se rechazó por 55 votos, 13 a favor y tres abstenciones.
Por último, el decreto 461/25, uno de los más controvertidos, disolvió Vialidad Nacional sin establecer qué organismo asumirá sus funciones. Fue publicado el 8 de julio, desató un fuerte conflicto con el gremio vial, que consiguió un amparo judicial contra la medida. Se rechazó por 60 votos, 10 a favor y una abstención.
El libertario Juan Carlos Pagotto anticipó que el rechazo de los decretos podría terminar en la Justicia. Recordó que la Ley Bases delegó facultades al Poder Ejecutivo y defendió su validez: “Podemos discutir hasta el hartazgo, pero estos decretos han sido dictados dentro del marco legal, por una facultad delegada, guste o no guste”.
Para el senador, “el remedio debería ser judicial más que parlamentario”.
El fueguino Pablo Blanco, de la UCR, se refirió a todos los decretos en general y evaluó, que las normas fueron dictadas al amparo de la Ley Bases pero “exceden los límites de la delegación legislativa”.
Al tomar el micrófono, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, de UP, defendió el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) -cuya estructura se reforma en el decreto 462/25- y apuntó contra el “porteñismo” al que acusó de “no entender” a las economías regionales.
“Para [Federico] Sturzenegger -ministro de Desregulación del Estado-, el INV es una sigla pero para nosotros significa aportar y proteger a los pequeños productores, a las bodegas, y es irremplazable: es el instituto más federal que existe”, consideró.
El senador bonaerense Eduardo “Wado” de Pedro (UP) se enfocó en el decreto 351/25, que le arrebató la autonomía al BNDG y acusó al Poder Ejecutivo de ir en contra de la búsqueda de “memoria, vedad y justicia”. “Bajo el verso del ajuste y la eficiencia van a ajustar a un icono a nivel nacional e internacional que tiene un gasto de funcionamiento de 37 personas”, sentenció.
Alejandra Vigo, aliada al gobernador Martín Llaryora, calificó al decreto 461/25, que disuelve Vialidad Nacional, como un “certificado de defunción” de la obra pública. “No hay país en el mundo que no se desarrolle con obras de infraestructura”, consideró.
Se manifestó, también, en contra del resto de los decretos. Sobre el que reforma el BNDG fue tajante: “Representa un retroceso inaceptable porque ponen en riesgo una política pública que se ha venido trabajando y construyendo con muchísimo esfuerzo”.
Guadalupe Tagliaferri (Pro), referenciada con Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó la lógica de los decretos. Dijo que el gobierno “elimina sin ningún otro motivo más que eliminar”.
Como ejemplo, señaló al INTI: “Es un sello de calidad de la Argentina en el mundo entero. Es el que calibra las balanzas cuando importamos o exportamos granos. Un gobierno que dice permanentemente que tiene problemas de ingreso de divisas, eliminar el INTI es claramente pegarse un tiro en los pies”.
El salteño Juan Carlos Romero, que funcionó como un aliado de la Casa Rosada, anticipó su abstención. “El INTA es emblemático en todo el país y cumple una misión fabulosa, pero también es cierto que desde el 2003 han duplicado los empleados y no sabemos si se han duplicado los resultados de las investigaciones o la producción”, consideró.
José Mayans, jefe de bloque de Unión por la Patria, anunció su rechazo a todos los decretos del Poder Ejecutivo.
"No tenemos presupuesto. Si hubiese presupuesto no estaríamos discutiendo esto”. Y concluyó: “Alteraron la división de poderes”.
“Lo que se hace con estos decretos es eliminar estructuras redundantes”, sostuvo el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, quien respaldó su argumento con ejemplos sobre el personal y la flota de vehículos de varios de los organismos alcanzados por las normas.
