La ley había sido votada por ambas cámaras, pero ante el veto del presidente Javier Milei, el Congreso debió insistir con su aprobación para restituir su vigencia.
El Gobierno había amagado con “judicializar” la norma, pero para Arroyo eso es “absurdo” y no hay ninguna posibilidad de evadir la obligación de reglamentar rápidamente y hacer cumplir la ley.
“El lunes el Senado lo envió al Poder Ejecutivo y ya es ley. Una ley no es un consejo, es una obligación. La Agencia Nacional de Discapacidad tiene la obligación de poner en marcha la ley, no es opcional la ley”, insistió Arroyo.
