La propuesta, que el presidente Javier Milei anticipó en cadena nacional el pasado 11 de agosto, tiene por objetivo “prohibir la emisión monetaria innecesaria y garantizar la vigencia del equilibrio fiscal”. Según la explicación de Adorni, la Ley Muralla funcionaría como un mecanismo de fiscalización, imponiendo requisitos estrictos para aprobar nuevas normas y estableciendo penas en el Código Penal para los legisladores que los incumplan.
El proyecto estipula que “el presupuesto nacional debe proyectar siempre un resultado financiero equilibrado o superavitario” y prohíbe la sanción de presupuestos deficitarios. La noticia se dio a conocer cuando restan 17 días para que el Ejecutivo envíe el proyecto de presupuesto nacional 2026, lo que generó un inmediato rechazo de la oposición.
Un diputado opositor cuestionó la iniciativa. “Lo que buscan es blindar el presupuesto. ¿Cómo vas a mandar una ley que dice que no se puede legislar si no es en línea con lo que quiere el Ejecutivo? Y, además, que si lo haces vas preso. Es una locura que un diputado o un senador vote esto, lo hacen para generar tensión e intentar cambiar la agenda”, afirmó.
La oposición interpretó que el proyecto tiene escasas posibilidades de prosperar y que su verdadero propósito sería condicionar el debate sobre el presupuesto.
Otro referente opositor sostuvo que “ellos —por los libertarios— van a volver con el cuento de los degenerados fiscales pero hay que entender que es un proyecto de ley y que puede sufrir modificaciones en el debate”.
En el Congreso, un legislador del bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto ironizó: “Lo vamos a tratar junto a la ley hojarasca”, en alusión al megaproyecto del ministro Federico Sturzenegger que nunca se discutió.
La propuesta de Adorni contempla la creación de nuevas figuras penales en el Código Penal. El vocero aseguró que “aquellos funcionarios públicos que incumplan esta normativa y que pretendan violar el equilibrio fiscal, serán castigados con todo el peso de la ley”.
Esta perspectiva fue rechazada por una diputada que calificó a la propuesta de “ridícula, en su contenido y en la pretensión de que sea tratada”.
Además de la crítica al impacto institucional, los opositores señalaron la falta de coherencia en la estrategia oficialista, al recordar que todos los proyectos con impacto fiscal deben detallar su financiamiento. En esa línea, mencionaron que la única excepción reciente fue la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad que carece de previsión presupuestaria.
Algunos sectores interpretaron que el trasfondo de la iniciativa no se limita al debate sobre el presupuesto 2026, sino que también apunta a anticipar un eventual veto presidencial al proyecto de los gobernadores sobre el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los cambios en la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).
Una fuente parlamentaria advirtió que “el problema es que son fondos de las provincias, no de la Nación, entonces están contabilizando algo que no deberían”. Hasta el momento, el proyecto no ha sido ingresado formalmente al Congreso de la Nación, aunque fuentes del oficialismo afirmaron que el texto ya está listo.
