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El Gobierno reestableció normas que había eliminado mediante decretos y fueron rechazados por el Congreso



Por medio de los decreto 627/2025 y 628/2025, publicados este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno restituyó la vigencia de las disposiciones que habían sido modificadas a través de cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que Javier Milei firmó en el marco de las facultades delegadas.

Se trata de normativas que fueron rechazadas por el Congreso el mes pasado y que incluían modificaciones en Vialidad Nacional, INTI y INTA. “Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de ellos”, establece el documento.

Además continuó: “Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos 531 del 1° de agosto de 2025, 571 del 11 de agosto de 2025, 583, 584 y 585, todos del 14 de agosto de 2025, dictadas como consecuencia de la aplicación de los decretos 345 del 21 de mayo de 2025, 351 del 22 de mayo de 2025 y 461 y 462, ambos del 7 de julio de 2025″. 

Por medio de otro documento, el Gobierno, con la firma de todos sus ministros, publicó la restitución de la vigencia de normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por el Decreto 340 del 20 de mayo de 2025. 

Los disposiciones restituidas corresponden a decretos mediante los cuales el Gobierno estableció modificaciones en la conformación de organismos como Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y otros institutos que habían sido calificados por el Poder Ejecutivo como “ineficientes”. 

A su vez, consideró que el rechazo en el Congreso colocó a la Administración Pública frente a un escenario de “incertidumbre jurídica que afecta la seguridad y previsibilidad del ordenamiento legal, dificulta la implementación de políticas públicas, limita la actuación y habilita interpretaciones contradictorias o discrecionales en desmedro de la previsibilidad que reclama la sociedad en su conjunto”.



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