La sentencia revela el funcionamiento de una red criminal con vínculos en el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, fuerzas de seguridad y los medios de comunicación.
El fallo acredita la existencia de dos organizaciones criminales.
La primera, integrada por D’Alessio, R.H.B. y R.O.B. —ex agentes de inteligencia—, se dedicaba a obtener información personal mediante bases de datos restringidas y fuentes estatales para extorsionar a empresarios y funcionarios.
La segunda, conocida como “Grupo Buenos Aires”, planificaba operaciones internacionales de lavado de dinero por sumas millonarias.
“La inusitada cantidad de evidencia desplegada en el juicio permitió comprobar en forma irrefutable que se dedicaban a realizar inteligencia ilegal […] y a perpetrar maniobras extorsivas valiéndose de dicha información”, indica el fallo
