Además, dispuso que se abonen los haberes retenidos a los titulares afectados.
Si bien la decisión judicial alcanza únicamente a Catamarca, especialistas advierten que podría servir como antecedente para otras medidas cautelares en el país.
La acción de amparo fue presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores, ciudadanos por derecho propio y el Defensor del Pueblo de la provincia.
En la presentación, sostuvieron que el decreto 843/24 estableció criterios restrictivos para el acceso a las pensiones, lo que consideran inconstitucional.
Los denunciantes señalaron que las auditorías realizadas fueron “irregulares y lesivas”, con notificaciones defectuosas, distancias excesivas para los beneficiarios y plazos poco razonables para presentarse.
