En paralelo, el Presidente ordenó al Ministerio de Capital Humano revisar el marco normativo vigente para la fijación de cuotas en la educación de gestión privada para elaborar un nuevo régimen.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, deja sin efecto el Decreto 2417/93 y señala que las regulaciones impuestas durante más de tres décadas "dificultaban la capacidad de las escuelas privadas para adaptarse a las realidades económicas del país".
La gestión libertaria trató de justificar la medida argumentando que la "obligación de comunicar con anticipación y solicitar autorización estatal para modificar cuotas y matrículas llevaba a las instituciones a aplicar aumentos preventivos que encarecían la educación afectando a las familias y restringiendo la libre competencia entre establecimientos".
La decisión instruye a la Secretaría de Educación para que eleve propuestas de modificación sobre el régimen de 1993, a fin de adecuarlo al esquema federal actual y "promover un entorno más flexible para la gestión económica de los institutos privados".
El nuevo esquema entrará en vigencia con la publicación de la norma y supuestamente pretende "garantizar la sostenibilidad de la educación de gestión privada, a la vez que preserva el derecho de los alumnos a una oferta educativa diversificada en todo el país".
