“Esa oportunidad fue aprovechada por localidades vecinas, mientras nuestra ciudad quedó rezagada en materia de desarrollo inmobiliario”, sostuvo.
Cardozo recordó que en 2010 solo dos concejales —Laura Weskamp (PRO) y Jorge Boasso (UCR)— votaron en contra de la ordenanza, y aseguró que “quince años después, la realidad les da la razón”.
El proyecto propone alinear la legislación local con el Código Civil y Comercial de la Nación, que desde 2015 reconoce los conjuntos inmobiliarios (barrios cerrados, clubes de campo, etc.) como una figura jurídica válida.
Según el texto, Rosario debe actualizar su marco normativo para no contradecir disposiciones federales y permitir un desarrollo urbano moderno y regulado.
Entre los fundamentos, el edil señala que la expansión planificada de la ciudad requiere diversidad de opciones habitacionales, desde proyectos sociales y viviendas para sectores medios hasta desarrollos privados.
“El rosarino que quiera vivir en un barrio cerrado debe poder hacerlo dentro de su ciudad, sin tener que mudarse a Funes o Roldán”, enfatizó.
