El juez Marcelo Martínez de Giorgi dejó sin efecto la inmovilización total de bienes y dispuso en su lugar embargos por apenas US$25.400, una cifra muy inferior a la que reclamaban los denunciantes.
La medida alcanza al empresario estadounidense Hayden Davis, al ex funcionario de la CNV Sergio Morales, y a los argentinos Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, además de familiares directos de este último.
La resolución también beneficia a dos cambistas señalados en la investigación financiera.
El cambio de criterio se produjo luego de que las defensas presentaran recursos para revertir la cautelar que congelaba la totalidad de los activos.
Los abogados argumentaron que la medida era desproporcionada, teniendo en cuenta que en el expediente sólo constaban reclamos verificados por aproximadamente US$20.000.
El fiscal Eduardo Taiano respaldó esa postura. En un dictamen presentado ante el juez, sostuvo que, dadas las pruebas reunidas hasta ahora, no tenía objeciones para limitar los embargos.
Esa señal habilitó a Martínez de Giorgi a avanzar con el levantamiento de las inhibiciones.
La decisión generó malestar entre los querellantes, quienes aseguran representar reclamos que alcanzan los US$5 millones. Para ellos, los montos establecidos por la Justicia no reflejan la magnitud real del presunto fraude.
Uno de los abogados de los denunciantes ironizó sobre la situación: «Embargan a Davis por lo que vale un auto usado, cuando él mismo dijo que manejaba más de 100 millones de dólares vinculados al proyecto», cuestionó.
La contradicción surge incluso en el propio expediente: el juez menciona perjuicios por apenas US$12.000, una cifra que dista de la estimación de las víctimas.
