En un comunicado conjunto, las CTA expresaron su “absoluto rechazo” a la iniciativa y afirmaron que “no moderniza nada”, sino que fue “redactada en los estudios de abogados de los grandes grupos empresarios” y utiliza a las PyMEs “como pretexto” para precarizar el empleo y desproteger a los trabajadores.
Entre los puntos más cuestionados, señalaron que el proyecto debilita la presunción de relación laboral, facilita el fraude, promueve la tercerización irresponsable, introduce salarios dinámicos que destruyen la estabilidad, abarata los despidos trasladando su costo al Estado, desfinancia el sistema previsional y vulnera garantías constitucionales como las vacaciones y la jornada laboral, además de buscar desarticular la acción sindical colectiva.
