La Resolución 943/2023, denominada oficialmente «Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación», fue impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y considera delito toda manifestación que afecte la circulación, habilitando desalojos y detenciones sin orden judicial, en contradicción con estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.
«La escalada represiva es innegable y evidencia un grave retroceso en la libertad de expresión. La violencia estatal no solo aumentó, hoy está naturalizada y funciona como un mecanismo de intimidación para desalentar la participación social», afirmó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
De acuerdo con los registros de organizaciones de derechos humanos, entre 2024 y 2025 se contabilizaron al menos 2.557 personas heridas por el uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza, incluyendo impactos de balas de goma en cabeza y rostro, exposición a gases lacrimógenos y gas pimienta, golpes con bastón y violencia física generalizada.
