El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, señaló ayer que los cambios que impulsa el Gobierno en la legislación laboral podrían quedar frenados por fallos judiciales de primera instancia durante meses o años.
El magistrado recordó que el sistema argentino de control de constitucionalidad permite que cualquier juez declare la invalidez de una ley, lo que podría trabar su aplicación práctica hasta que la Corte Suprema unifique criterio.
Rosatti precisó que una reforma laboral podría ser suspendida en distintos juzgados del país mientras se acumulan fallos contradictorios, hasta llegar a una definición final del máximo tribunal.
“El control de constitucionalidad en la Argentina es difuso”, explicó el magistrado, quien advirtió que esa misma suerte podría correr para la reforma laboral si se decide que es una norma inconstitucional.
Después, dio detalles sobre los tiempos del proceso: “Eso no significa que después no pueda ser ordenado por una jurisprudencia de la Corte, pero lógicamente lleva su tiempo”.
“La Corte debería decidir si esa norma es constitucional o no”, sumó sobre el paquete de medidas que busca aprobar el oficialismo en el Congreso.
