Según el Ejecutivo, la iniciativa busca ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental alineado con la Constitución Nacional.
En ese sentido, el Gobierno cuestionó la legislación actual al afirmar que, a más de 15 años de su sanción, la denominada “Ley de Glaciares” generó inseguridad jurídica, paralizó inversiones productivas y afectó el ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales.
La reforma plantea establecer “reglas claras” para la protección de los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalecer los estándares ambientales vigentes y eliminar la discrecionalidad que, según el comunicado oficial, “bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”.
