Actualmente, entre el 65% y el 70% de la red vial nacional se encuentra en mal estado, según un informe elaborado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina).
Las políticas impactan en la integración regional, la producción nacional y la seguridad vial de las personas que circulan por las rutas.
El gremio señaló que a partir de diciembre de 2023, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) atraviesa un proceso de desmantelamiento institucional, tras el intento de disolución mediante el Decreto 461/2025, que luego fue rechazado por el Poder Judicial y el Congreso.
El sindicato señaló que si bien se frenó el cierre del organismo, el vaciamiento continúa por otras vías, como "la expulsión de personal técnico altamente calificado, el congelamiento salarial, el retiro
voluntario forzado y la asfixia presupuestaria sistemática".
El estudio indicó que más de 800 trabajadores especializados ya fueron expulsados y se proyecta la salida de otros 900.
En la misma línea, denunció que el Presupuesto 2026 "consolida una caída real cercana al 75% respecto de 2023", que impactará en el organismo.
El gremio detalló que los fondos específicos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos, tributo creado para financiar rutas, "no se ejecutan pese a que la recaudación existe y los usuarios siguen pagando".
Para Fepevina, la situación es una decisión política del Gobierno libertario con el objetivo de "vaciar al Estado de su capacidad vial, paralizar el mantenimiento y degradar una función estratégica que sostiene la seguridad, la producción y la integración territorial del país".
