La organización advirtió que no alcanza con afirmar que la salud “está garantizada” si, en la práctica, se debilitan las redes que permiten diagnósticos oportunos, derivaciones correctas y tratamientos a tiempo.
El documento pone el foco en el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, una política de Estado respaldada por una ley nacional y reconocida como modelo internacional.
Según remarcan, el desmantelamiento de equipos técnicos y la toma de decisiones desde una lógica administrativa comprometen su funcionamiento real, aun cuando continúe vigente en términos formales.
La situación también alcanza a la provincia de Santa Fe, donde la falta de renovación de convenios y las demoras administrativas generan preocupación por el aumento de las listas de espera.
