El presidente de Nucleoeléctrica Argentina SA y uno de los hombres más cercanos al presidente Javier Milei, Demian Reidel, enfrenta por estas horas una escalada de denuncias internas y judiciales por presuntas irregularidades en procesos licitatorios y de compras directas que se produjeron en los últimos meses dentro de la empresa.
La empresa pública opera las tres centrales nucleares en funcionamiento en el país, Atucha I, Atucha II y Embalse, que ya comenzó el proceso de privatización parcial a finales del año pasado.
Reidel, por su parte, es un economista que dentro de La Libertad Avanza opera como un funcionario de perfil técnico y a la vez fuerte influencia ideológica.
La denuncia que detonó el conflicto surgió a partir de una licitación para el servicio de limpieza en áreas sensibles de las centrales Atucha I y II, un servicio crítico por tratarse de zonas con riesgo radiológico.
Según información publicada por Perfil, el proceso incluyó cambios en los requisitos de admisibilidad, plazos acotados y criterios técnicos que redujeron drásticamente la competencia. De un total de nueve empresas oferentes, sólo dos superaron el análisis técnico inicial: LX Argentina y La Mantovana Servicios Generales.
Días después, y sin haber sido evaluada técnicamente por el área requirente, Limpiolux apareció incorporada en la etapa económica, un punto que generó fuertes cuestionamientos internos por afectar la trazabilidad y el debido proceso administrativo.
Las tres firmas presentaron ofertas muy superiores a los valores vigentes, pero la de LX Argentina resultó la más baja dentro de ese grupo, lo que la posicionó como eventual adjudicataria.
La denuncia interna señala que el precio ofertado por esa empresa superaba en al menos un 140% el costo histórico del servicio y los valores de referencia utilizados por la compañía, lo que hubiera generado un perjuicio económico significativo para la empresa estatal.
El gerente de planta de Atucha I-II, Juan Pablo Nolasco Sáenz, elevó una presentación ante el Comité de Integridad en la que advirtió sobre presiones internas, intentos de reformular informes técnicos ya emitidos y pedidos para “justificar” económicamente ofertas más caras.
