La reorganización incluye la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que reemplaza a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), disuelta a fines del año pasado, y modificaciones en la política de control de drogas.
Según se informó oficialmente, la actualización del organigrama y de las competencias de la cartera sanitaria apunta a reforzar el rol rector y de control del Estado sobre el sistema de salud.
La nueva secretaría absorbe las funciones que desempeñaba la ANDIS, pero pasa a depender directamente del Ministerio, perdiendo su carácter de organismo descentralizado.
La reconfiguración —que había sido anticipada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni— se sustenta en el informe final de la intervención de la ANDIS.
Ese documento detectó irregularidades graves en contrataciones, falencias estructurales en los mecanismos de control interno y un sistema tecnológico fragmentado que impactaba en la gestión del Certificado Único de Discapacidad, las pensiones no contributivas por invalidez y el Programa Federal Incluir Salud.
Dentro del nuevo esquema, la Secretaría Nacional de Discapacidad continuará a cargo del diseño de políticas públicas en la materia y de la administración del proceso de otorgamiento de pensiones por invalidez, ahora bajo la órbita directa de Salud.
La reforma se produce tras el escándalo por presuntos hechos de corrupción durante la gestión de Diego Spagnuolo al frente de la ANDIS.
En audios que obran en poder de la Justicia, el exfuncionario afirmó que empresas proveedoras de medicamentos habrían pagado supuestas coimas a funcionarios nacionales, entre ellos Karina Milei, para acceder a contratos.
Desde el Ejecutivo señalaron que la conversión de la agencia en secretaría busca mejorar la trazabilidad de los expedientes y fortalecer los sistemas de auditoría interna. En paralelo, la investigación judicial continúa avanzando.
