Apunta a frenar el declive estructural de estos campos, preservar empleo y mejorar la competitividad de un segmento afectado por el agotamiento natural de los reservorios y el aumento de los costos operativos.
La norma introduce cambios clave en el esquema de derechos de exportación que regía desde el Decreto 488/2020, estableciendo nuevos umbrales de precios internacionales para determinar la alícuota de retenciones aplicable al crudo convencional.
