La organización solicitó que se declare la nulidad absoluta e inconstitucionalidad de la norma y reclamó una medida cautelar urgente para suspender parte de sus efectos.
En la presentación, el CELS sostuvo que el decreto “amplía de manera imprecisa y genérica las facultades del Estado para desarrollar tareas de inteligencia” y que, como consecuencia, habilita “una intervención directa sobre los derechos y garantías de todas las personas que residen en la Argentina”.
Por ese motivo, la demanda fue planteada como un amparo colectivo, al considerar que el impacto del DNU no es individual sino generalizado.
