La reciente puesta en marcha de la Oficina de Respuesta Oficial por parte del Gobierno Nacional —anunciada a través de la red social X— generó una reacción inmediata de varios sectores políticos y mediáticos, y también de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).
A través de un comunicado, titulado "Inquietud de ADEPA por el potencial uso de una iniciativa estatal para 'verificar' contenidos", la institución marcó una línea clara entre el derecho a la comunicación institucional y la implementación de una "dinámica acusatoria" contra los medios de comunicación.
Javier Milei junto a Donald Trump.
Para ADEPA, el peligro radica en que el Estado asuma un rol de "verificador" de contenidos con el fin de señalar supuestas "operaciones mediáticas".
Según la entidad, esta práctica conlleva riesgos sistémicos como la atribución de funciones de monitoreo puede derivar en un disciplinamiento de las opiniones críticas.
Además, la oficina cuestiona la actividad periodística profesional, pero omite las campañas de desinformación anónimas y perfiles falsos que circulan en plataformas digitales.
Por último, ADEPA se manifestó en contra del concepto de "mentira": el organismo advierte que el término "desmentir" presupone una falsedad deliberada, ignorando que el periodismo trabaja contrastando voces y opiniones diversas.
