Destacaron que no se trata de grupos inversores, sino de trabajadores y profesionales que se han visto perjudicados por el incumplimiento de los términos contractuales, particularmente en lo referido a la localización, superficie de las unidades y plazos de entrega.
También mencionaron irregularidades en las adjudicaciones y en la realización de sorteos que, según relataron, no se estarían llevando a cabo. Aclararon que la empresa con la que contrataron continúa activa, desarrolla múltiples emprendimientos, auspicia eventos de diversa índole y mantiene una fuerte presencia pública.
En ese sentido, consideran que los incumplimientos no responderían a una situación económico-financiera.
Señalaron que, si bien la situación se encuentra judicializada y pendiente de definición respecto al reconocimiento como reclamo colectivo, continúan trabajando para visibilizar la problemática, recorriendo distintos ámbitos institucionales y difundiendo su situación.
